Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas
Nuestro país atraviesa una transformación demográfica que ya está en curso. El desafío no se limita a responder a un número creciente de personas mayores, sino que exige adecuar los sistemas de seguridad social, salud, cuidados, vivienda, trabajo, educación, participación y tecnología a vidas más largas y trayectorias cada vez más diversas.
El estudio analizó la oferta pública que incide en el envejecimiento y concluyó que existe una arquitectura relevante, aunque desarrollada de manera desigual. Cuatro dimensiones (salud y funcionalidad, seguridad económica, dependencia y cuidados, y entorno y vivienda) concentran casi el 80% de las intervenciones, mientras que trabajo, educación, participación, protección de derechos e inclusión digital presentan una expresión considerablemente menor. Asimismo, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las Garantías Explícitas en Salud (GES) reúnen más de la mitad del presupuesto identificado, lo que refleja la consolidación de los mecanismos centrales de protección económica y sanitaria. Su relevancia no implica suficiencia: constituyen pilares asentados sobre los cuales resulta necesario seguir construyendo.
Los hallazgos también muestran que el desafío no consiste en crear más programas especializados. Casi la mitad de las intervenciones analizadas corresponde a políticas de alcance general con incidencia sustantiva en el envejecimiento, en las que esta perspectiva se encuentra débilmente integrada. Además, la predominancia de mecanismos de provisión directa evidencia una arquitectura más preparada para responder a necesidades ya reconocidas que para prevenir riesgos y mantener capacidades a lo largo del curso de vida.
A partir de este diagnóstico, el estudio plantea cuatro orientaciones: fortalecer la prevención y el sostenimiento de capacidades sin debilitar las garantías existentes; incorporar una perspectiva de longevidad en las políticas universales; organizar las respuestas en torno a trayectorias e interdependencias y no solo a sectores administrativos; y mejorar la información disponible sobre el alcance, el acceso y la articulación de las intervenciones. A ello se suma la necesidad de aprovechar las capacidades del Estado, la sociedad civil, el mercado, las comunidades y los hogares, manteniendo claramente las responsabilidades públicas y el resguardo de los derechos.
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