Nuevo estudio CEVE UC: Chile tiene una base relevante de políticas para la longevidad, pero desarrollada de forma desigual

• El informe “Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas”, elaborado por el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE UC) en el marco de una colaboración entre ILC y la UC, analizó la oferta pública que incide en el envejecimiento y plantea cuatro orientaciones para fortalecerla.

Chile no parte de cero para enfrentar los desafíos de una sociedad más longeva, pero la oferta pública que incide en el envejecimiento se ha desarrollado de manera desigual. Es la principal conclusión del estudio “Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas”, elaborado por el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE UC) y presentado este 6 de octubre en el seminario Chile100 Construyendo Juntos la Nueva Longevidad.

La investigación revisó un universo de 814 iniciativas del Estado de nivel central y, mediante un árbol de decisión, identificó 82 intervenciones con incidencia sustantiva sobre el envejecimiento y la longevidad. Para hacerlas comparables, las Garantías Explícitas en Salud (GES) se consolidaron, lo que dio origen a 53 unidades de análisis, clasificadas en nueve dimensiones del bienestar.

Cuatro dimensiones concentran casi el 80% de la oferta

Salud y funcionalidad; seguridad económica; dependencia, apoyos y cuidados; y entorno, vivienda y accesibilidad reúnen el 79,2% de la oferta identificada. En contraste, las dimensiones de trabajo, educación, participación, protección de derechos e inclusión digital tienen una expresión considerablemente menor.

La distribución de recursos acentúa esa diferencia. Del presupuesto identificado para 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las GES concentran en conjunto el 54,7%, lo que refleja la consolidación de los mecanismos centrales de protección económica y sanitaria del país. “Su relevancia no implica que estas prestaciones sean suficientes, sino que constituyen pilares asentados de la protección social sobre los cuales resulta necesario seguir construyendo”, plantea el documento.

No se trata de crear más programas

Uno de los hallazgos centrales es que el desafío no pasa por sumar programas especializados. El 47,2% de las unidades analizadas corresponde a políticas de alcance general, como las de trabajo, educación o inclusión digital, que inciden de manera sustantiva en el envejecimiento, pero en las que esa perspectiva aparece débilmente integrada.

A ello se suma que el 77,4% de la oferta opera mediante provisión o garantía directa de prestaciones. Según el estudio, esto da cuenta de una arquitectura más preparada para responder a necesidades ya reconocidas que para prevenir riesgos y mantener capacidades a lo largo del curso de vida.

“Chile ha construido pilares importantes, como la PGU y las GES, y eso hay que cuidarlo. Pero el estudio muestra que la oferta pública está mejor preparada para responder cuando la necesidad ya apareció que para anticiparse a ella”, señala la directora del CEVE UC, Soledad Herrera. “El desafío es sostener las capacidades de las personas a lo largo de toda la vida, y eso no se resuelve desde un solo sector”, afirmó.

En la presentación del informe, el prorrector de Gestión Institucional de la UC, Francisco Gallego, señala que “no se trata únicamente de crear nuevos programas, acciones y apoyos para una población que envejece, sino de revisar las políticas existentes desde la perspectiva de una sociedad en la que las personas viven más años”.

Cuatro orientaciones para avanzar

A partir del diagnóstico, el estudio propone:

• Fortalecer la prevención y el sostenimiento de capacidades, sin debilitar las garantías existentes.
• Incorporar una perspectiva de longevidad en las políticas universales.
• Organizar las respuestas en torno a trayectorias de vida e interdependencias, y no solo a sectores administrativos.
• Mejorar la información disponible sobre el alcance, el acceso y la articulación de las intervenciones.

El informe agrega la necesidad de aprovechar las capacidades del Estado, la sociedad civil, el mercado, las comunidades y los hogares, manteniendo claramente las responsabilidades públicas y el resguardo de los derechos.

En su mensaje de presentación del informe, el gerente general de ILC, Pablo González, sostiene que “hoy, gracias a este estudio, tenemos sólidas bases para seguir avanzando. Lo primero que deja en claro es que no es necesario partir de cero. Ya existe una arquitectura institucional relevante, que durante décadas ha ido consolidando mecanismos de protección y garantía de derechos para millones de personas”.

Una oportunidad con la nueva ley

El documento sitúa sus conclusiones en el contexto de la Ley N.° 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que mandata la formulación de una Política Nacional de Envejecimiento. A juicio de los autores, esa política abre una oportunidad para avanzar en esta dirección, construyendo sobre los avances institucionales existentes.

Las investigadoras responsables del estudio son Valentina Jorquera Samter y Constanza Contreras Torres, del CEVE UC. El equipo colaborador incluyó a profesionales del Centro UC de Políticas Públicas, del CEVE UC y de ILC.

Las instituciones y personas interesadas en conocer el informe completo pueden descargarlo en https://estudiosdevejez.uc.cl/estudios-y-proyectos/longevidad-brechas-oportunidades/